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El escrito de acusación del FROB señala a ambos directivos como urdidores de una estrategia para obtener ingresos extra de los órganos de gestión de la caja. Al percibir únicamente dietas por asistencia y desplazamiento a la comisión de control de la entidad, ambos crearon otra comisión de control en una empresa participada al 100% por la CAM, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), dedicada al sector inmobiliario. Mediante la asistencia a esa segunda comisión de control, ambos lograron multiplicar por 10 sus dietas. López Abad, según el FROB, llegó a embolsarse 308.700 euros entre 2007 y 2011.
Pero, además, la comisión de control de TIP, que como la de la entidad matriz (la CAM) estaba presidida por Avilés, permitió a ambos directivos beneficiarse con operaciones que el FROB considera ruinosas para la caja. Así, según el escrito de acusación de Carlos Gómez-Jara, el abogado de la CAM designado por el fondo, en junio de 2011, cuando se produjo la intervención de la CAM y la inyección de 5.200 millones de euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos para sanear sus pérdidas, se habían perdido 416 millones de los 575 millones invertidos en TIP, pérdidas en gran medida vinculadas a proyectos hoteleros e inmobiliarios en los que estaba personalmente involucrado López Abad y por los que también está siendo investigado en la Audiencia Nacional.
Además, en enero de 2008, la CAM puso en marcha otra operación ruinosa que tuvo como beneficiario a Avilés y que, según el informe elaborado por el Banco de España, le habría obligado a abandonar sus cargos en la caja. La entidad concedió dos préstamos por un total de 16,2 millones de euros a la sociedad La Vereda de Sucina, propiedad del presidente de su comisión de control, para la construcción de una urbanización de 174 viviendas, garajes y locales en Sucina (Murcia).
La sociedad del directivo de la CAM, tuvo evidentes dificultades para vender la promoción y, desde 2009, dio síntomas de problemas de liquidez, a pesar de lo cual, la caja refinanció la operación aumentando las cantidades prestadas sin que esa decisión pasara por el consejo de administración de la caja. La situación se agravó tanto que Avilés se vio obligado a recurrir a préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) para financiarse. Parte de esos fondos concedidos por esos dos organismos públicos se utilizaron para fines que no estaban contemplados en su concesión.
La incompatibilidad de esos préstamos con su posición en la CAM, le llevaron, según el informe del Banco de España a vender de forma ficticia La Vereda de Sucina a su hermana. Esa operación, según el FROB, tenía por objeto “que los organismos de supervisión de la caja no tuvieran conocimiento de su vinculación con la misma [con su promotora]” y “no le obligaran a renunciar a su cargo en la caja y con ello a perder su privilegiada situación para negociar una solución favorable para sus intereses”. A pesar de la venta, Avilés siguió tomando todas las decisiones empresariales relacionadas con su sociedad.
La operación de compra ficticia de La Vereda de Sucina se gestó por valor de 90.000 euros, pero a la compradora, la hermana de Avilés, no se le conocían ingresos. El dinero necesario para el negocio se lo entregó la esposa del directivo en su cuenta tres minutos antes de formalizar la compra, según el FROB. Ese dinero, además, procedía de la propia sociedad La vereda de sucina. Así pues, según el escrito de acusación, “la sociedad se estaba comprando a sí misma”.
El escrito detalla cómo la refinanciación de esos créditos a La Vereda de Sucina se produjo solo tres meses antes de la intervención de la entidad, el 13 de abril de 2011, cuando la quiebra de la CAM era palpable. Además de refinanciarlos, la caja los antedató a enero de ese año con el objetivo de tapar un agujero de 30,000 euros en la sociedad de Avilés.Al mismo tiempo permitió a la inmobiliaria retrasar todos los pagos de intereses un año y dos años el del principal.
El FROB valora el supuesto desfalco en 4,9 millones de euros y pide que Avilés, en caso de ser condenado, los devuelva en concepto de indemnización al Fondo de Garantía de Depósitos, la entidad que saneó las pérdidas de la caja. Para López Abad pide que reintegre los 308.700 euros de dietas indebidamente cobradas. Ambos directivos fueron procesados el pasado enero por el instructor del caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 Javier Gómez Bermúdez.
Los hechos recogidos por el escrito de acusación del FROB solo corresponden a una mínima parte del caso del saqueo de la CAM. Gómez Bermúdez también investiga a López Abad junto a otros directivos por concertarse con dos empresarios a los que la caja otorgó créditos por 160 millones de euros para comprar hoteles y terrenos en México, República Dominicana y Costa Rica, a sabiendas de que su sociedad, Valfensal SL, operaba a través de una entidad radicada en el paraíso fiscal de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas).
El fraude fiscal investigado asciende a 31,8 millones de euros. Los exdirectivos de la caja supuestamente se lucraron también con Valfensal, y ello en perjuicio de la entidad financiera y cuando esta se encontraba a un paso de la quiebra, según el juez que envió a prisión eludible con fianza al ex director general.
Fuente: El país
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